Acuerdo Corfo-SQM: otro desarrollo frustrado

(NYT107) UYUNI, Bolivia -- Feb. 2, 2009 -- BOLIVIA-LITHIUM-7 -- A young girl shovels salt into piles on the Salar de Uyuni (the Uyuni Salt Flats), Bolivia, where the world's largest lithium reserves are found, in late January, 2009. In the rush to build the next generation of hybrid or electric cars, a sobering fact confronts both automakers and governments seeking to lower their reliance on foreign oil: almost half of the world’s lithium, the mineral needed to power the vehicles, is found here in Bolivia - a country that may not be willing to surrender it so easily. (Noah Friedman-Rudovsky/The New York Times)

Fuente: El Mostrador, 1 marzo, 2018.

La reciente conciliación alcanzada entre Corfo y SQM respecto a la explotación de litio en el Salar de Atacama es un asunto profundo y complejo que deja muchas interrogantes de proyección estratégica para el país. Los principales funcionarios públicos que intervinieron en el proceso, principalmente el vicepresidente de Corfo Eduardo Bitrán, han hecho enormes despliegues para resaltar que el acuerdo no solo sería bueno, sino que se trataría del mejor contrato que se podía obtener. Tal campaña ha generado una ola de adhesiones, entre autoridades públicas y columnistas de medios, aún sin conocer los términos precisos del mentado acuerdo que, recordemos, es confidencial.

Sin embargo, las argumentaciones expuestas producen asombro. Ellas, en términos muy generales, alaban el acuerdo por los beneficios económicos que obtendría el país, haciendo caso omiso de que él fue suscrito con una empresa corruptora, y por lo tanto infractora de la ley chilena relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas; sin consulta o participación de  los pueblos atacameños afectados directa o indirectamente por la explotación, lo que contradice las normas internacionales de la OIT suscritas por Chile; ni tampoco analizado o discutido con otros órganos del Estado, sin perjuicio, además, de que resulta evidente que el no contribuye a un desarrollo industrial soberano.

En tal sentido, hay al menos  tres aspectos que resultan cruciales de analizar a la hora de evaluar tal acuerdo en una perspectiva estratégica de país, más allá de temas contables o de oportunidad.

Un primer aspecto es el contrapunto que el acuerdo produce entre Ética pública y actos corruptivos versus beneficios económicos contables. ¿Por qué se debiera celebrar un acuerdo entre un Estado soberano, que consagra la ética y la transparencia en las bases programáticas de su Constitución y una empresa que ha corrompido los fundamentos mismos de su sistema político? La respuesta ha sido que el acuerdo trae beneficios económicos al Estado.  Es decir, en vez de castigar ejemplarmente a un agente corruptor de la política chilena – sin precedentes históricos en el país- se le exculpa y premia con un aumento de la cuota de extracción de litio por sobre el doble de la actual y por varios años más.

En tal contexto, no será fácil explicar a las futuras generaciones el por qué el mismo gobierno que crea un Consejo Asesor Presidencial Contra la Corrupción,  para potenciar la probidad y la ética pública, hace caso omiso de sus recomendaciones  y prefiere supuestos beneficios económicos de corto plazo por sobre el acto ejemplarizador contra la corrupción. El acuerdo se cierra con una empresa que, además, incumple resoluciones ambientales, mantiene rentas impagas y corrompe poderes del Estado, poniendo en riesgo el ordenamiento institucional y la propia democracia del país.

Un segundo aspecto es la orgánica entre una política pública para el desarrollo y la transparencia y  participación de la gente. El acuerdo suscrito está muy lejos de constituir un modelo sobre toma de decisiones públicas que respete tanto la institucionalidad como los intereses de la gente en una sociedad diversa y compleja. Menos aún, decisiones transparentes para un desarrollo sustentable. Nunca hubo un proceso de consulta con parte de los principales incumbentes, las comunidades de Atacama La Grande, representadas por el Consejo de Pueblos Atacameños. Tampoco con el organismo técnico que el propio Estado se ha dado para ello: el Consejo de Minería No Metálica de Corfo.

El Consejo de Pueblos Atacameños ya manifestó un “total rechazo” al acuerdo, señalando que se deja “una vez más en la impunidad a esta empresa que ha explotado en forma desmedida los recursos hídricos del Salar de Atacama”. Y agrega que con este acuerdo Corfo se hace  “irresponsable con el patrimonio territorial y en especial el ambiental de nuestras comunidades y también de todos los chilenos.” Denuncia asimismo que el “Vicepresidente de Corfo señor Eduardo Bitrán ha socializado este acuerdo CORFO-SQM con algunas de nuestras comunidades,… (a pesar de estar informado)… que el Consejo de Pueblos Atacameños es la única institución representativa del territorio, se sostuvieron reuniones individuales con algunas de las comunidades más cercanas a las faenas SQM generando una afectación a nuestro tejido social.” Ello lesiona los términos del Convenio 169 de la OIT sobre consultas a los pueblos indígenas suscrito por Chile el año 2008. En tal sentido, no es sorprendente que la Corte de Apelaciones de Santiago declarara admisible el recurso de las comunidades de Atacama contra el  acuerdo entre Corfo y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama.

Pero además, el acuerdo tampoco fue informado al Consejo de Minería No Metálica, organismo creado por Corfo a instancias de la Presidenta Bachelet, precisamente para aconsejar sobre estas materias. Como miembro del Directorio de este Comité, al enterarme del acuerdo por la prensa, tuve que exigir por escrito a la Ministra de Minería que Eduardo Bitrán se dignara a informar al respecto, lo cual hizo solo de manera parcial, invocando “confidencialidad”. El Senado y la Cámara de Diputados tampoco tuvieron conocimiento de este acuerdo.  No existe antecedentes de consulta con la comunidad que desarrolla ciencia y tecnología, sean sociedades científicas, colegios profesionales, universidades o institutos de investigación. Según lo declarado por Corfo el acuerdo se consumó en sólo un mes, a pesar que desde hace muchos años se sabía de la importancia del litio y se podía prever el boom de la electro-movilidad. De ahí que resulta pertinente preguntarse si esa es la forma de construir una política pública seria y responsable, con mirada de futuro y soberanía nacional.

El tercer aspecto involucra la ya vieja discusión entre Recursos Naturales y Desarrollo Científico-Tecnológico del país y resulta quizás el más complejo. Lo más cuestionable para el Estado de Chile es haber aumentado la cuota de litio para SQM, hasta el año 2030, sin exigir un grado sustantivo de agregación de valor. Parece increíble que una Corporación de Fomento permita que una empresa, SQM, pueda vender entre el 85% (al comienzo) y 75% (al final, el 2030) de la mayor producción mundial de litio, simplemente como carbonato de litio, que es el material básico, sin elaboración, que se obtiene del salar. Sólo un 15%-25% se deja para atraer industrias, nacionales o extranjeras, que agreguen valor en el país.  Pero se trata, por desgracia, de una agregación de valor donde nuestros institutos de investigación y universidades no son protagonistas, sino ayudantes o espectadores. Corfo, en vez de aprovechar la oportunidad de usar el litio para entrar en la grandes ligas de la tecnología –y la ciencia- mundial y conversar como Estado de igual a igual con empresas y países líderes en electromovilidad y baterías, energías renovables no-convencionales, aleaciones livianas, fusión nuclear, se conformó con recibir las rentas del litio, como quien recibe dinero de arriendos detrás de un mostrador.

El argumento de que el acuerdo es muy superior al contrato  anterior de los años 1993-1995 tiene hoy muy poca validez, a la luz de los desarrollos tecnológicos y las tendencias y velocidad de la economía mundial. Se presenta como una astucia estatal haber logrado más regulaciones de tipo administrativo y ambientales, así como una modificación en el gobierno corporativo. Pero es evidente que un contrato de esta naturaleza, casi 25 años después, recogerá de modo natural las preocupaciones principales del siglo XXI: regulaciones ambientales, transparencia y medidas anticorrupción. Más si se negocia con SQM.  Recíprocamente, al contrato de 1995, y coincidiendo en que era un pésimo acuerdo para el Estado, no se le podía exigir por ejemplo “monitoreo en línea” pues técnicamente en esos años aquello no existía todavía.

El punto principal que se omite es el siguiente: El litio -y las salmueras de los salares- no son aprovechadas por el país cuando dejamos que lo vendan como materia prima, por muy alta que sea la cantidad de dinero que se reciba a cambio. El litio es hoy día un material clave en la energía, y como tal cobra importancia en la medida que nosotros mismos hacemos o participamos de los productos tecnológicos que multiplican su valor: pastas, cátodos, celdas, baterías…y por qué no, autos eléctricos. Teníamos ahora la oportunidad de crear un Silicon Valley del litio en Chile, con encadenamientos productivos que involucraran a científicos e ingenieros jóvenes, técnicos, emprendedores,  chilenos talentosos y audaces, deseosos de empujar a nuestro país hacia el desarrollo. La aprobación de este acuerdo posterga –sino sepulta- este programa de trabajo por años.

Ojalá que la oportunidad no sea frustrada. Es de esperar que nuestras máximas autoridades confíen en las capacidades de sus ciudadanos, y podamos al fin superar  la tragedia del salitre, esta vez usando nuestros recursos naturales como palancas para desarrollos productivos que tengan incorporada la inteligencia de los chilenos, aumentando nuestra incidencia en los procesos en torno al litio, aunque el primer paso negativo ya se dio con el acuerdo

Gonzalo Gutiérrez. Doctor en Física. Miembro del Comité Corfo de Minería No Metálica. Ex -Presidente Comisión Chilena de Energía Nuclear.