Conversamos en profundidad con nuestra abogada respecto a la actual crisis por la que atraviesa el servicio, con despidos masivos por parte de la autoridad y anuncios de reestructuraciones inconsultas y fuera de norma.

¿Cuál es la génesis del problema crónico de las reestructuraciones en el IND?

“Cuando se crea el Instituto Nacional de Deportes, a través de la ley respectiva, se establece que el Director Nacional, cualquiera sea, tiene la facultad de fijar la estructura orgánica y funcional del servicio. En aquella época, (2001-2003), la doctrina del Tribunal Constitucional era que la estructura orgánica de los servicios no podía estar entregada a un acto administrativo posterior, sino que debía estar en el cuerpo de la ley. Se aprueba la ley del Deporte, pero el TC mantiene un reparo respecto de este tema, consagrado específicamente en el artículo 20º, que nosotros señalamos que es inconstitucional».

«Lamentablemente, nunca hubo un interés político de corregir el tema, que se hubiese resuelto con una ley corta, que podríamos decir era la alternativa A, y se mantuvo en el tiempo. La alternativa B era hacerse el leso, y decir que nadie puede pensar que una institución puede funcionar sin estructura, por lo tanto esta va a existir igual. Y ese camino, el B, es el que el IND tomó hasta el día de hoy”.

Esto ha llevado a un largo historial de disputas judiciales y administrativas…

“De hecho cuando fuimos a la Contraloría, los abogados del Contralor nos señalaron que este es un caso muy peculiar y sin parangón en la administración pública”.

“Desde un punto de vista estrictamente legal, el IND no debiese tener ninguna estructura, y por lo tanto ninguna re-estructuración es legal. En el intertanto, cada vez que se nos presentó una reestructuración, nosotros presentamos los recursos legales, administrativos y judiciales correspondientes, y todos fueron aceptados”.

“En el último tiempo, ha habido alrededor de siete reestructuraciones en el servicio, de las cuales al menos cuatro se han hecho con dictámenes de Contraloría en mano que advierten de su ilegalidad. Y lo siguen haciendo. El problema es que las sucesivas reestructuraciones se dan al voleo, sin consultar a los trabajadores, y lo que es más grave, se utilizan para despedir gente”.

Todos estos antecedentes imagino fueron parte de la reciente reunión que sostuvieron con el equipo del Contralor Generar de la República.

“Fuimos a hablar con los abogados del Contralor, quienes nos dijeron que tenían una solución entre comillas: asumir que no podíamos volver a 2001 y decir que el IND no puede tener estructura. Lo que no se puede aceptar es que esa estructura sirva de excusa para despedir a los trabajadores o para modificar áreas orgánicas. Por ejemplo: da lo mismo si el Departamento de Alto Rendimiento se llama o no Alto Rendimiento, pero lo que importa es que sea Departamento, ya que eso implica que tiene asignados determinados grados en la estructura piramidal del Estado».

¿Podrías sintetizar de manera didáctica la distinción entre funcional y orgánico?

«La estructura funcional tiene que ver con todo aquello que es razonable modificar a fin de, por ejemplo, modernizar las relaciones institucionales o culturales. En el año 2000 no era relevante tener muchos informáticos, ahora si, o que el Departamento de Mujeres hoy se llame de Género, o que ya no hablemos de minorías sexuales sino de Diversidad, etc. Todo eso es funcional, tiene que ver con nominaciones, cambios de oficina, etc. Lo orgánico dice relación con los componentes, es decir: División, Departamento, Sección, Unidad. Esas estructuras tienen asignaciones de grado, entonces si tu dices que el Departamento de Alto Rendimiento ahora será una División, quiere decir que todos los grados que están asignados ahí deben subir, lo mismo cuando se cambia “hacia abajo” en la estructura, es decir, se transforma en Sección o Unidad. Finalmente nosotros siempre hemos dicho: no somos tan irracionales, más allá de que entendemos que ha habido un problema grave de falta de voluntad política desde 2001 en corregir un problema de origen, entendemos que las instituciones funcionan con estructura, pero no aceptaremos que se altere la estructura orgánica de la institución que tiene asignaciones de grados. Eso para los trabajadores genera un perjuicio grave”.

“Respecto a esta reestructuración, pedimos a ANFUCHID que hiciera un análisis técnico, -que está fuera del ámbito de mis competencias-, para poder entregarle un análisis orgánico al Contralor. Como por ejemplo porqué es tan perjudicial que el Departamento de Alto Rendimiento se fusione con otro. Estamos en eso y esperamos poder terminar lo antes posible”.

“El otro tema que presentamos es que esta reestructuración, y todas las que han venido antes, más allá de su legalidad, han sido la permanente excusa para despedir o para trasladar trabajadores. Hacen una estructura que más allá de que sea legal o no, es el fundamento de los despidos y las destinaciones. Por ejemplo, cuando se presentó la primera reestructuración, vino con la destinación de Sergio Yáñez a Arica y María Teresa Pino a Iquique, y nosotros llegamos hasta la Corte Suprema con el argumento de que esto no era una reestructuración real, sino una excusa para relegar a gente cercana a la ANFUCHID”.

Y es en ese fallo de la Suprema donde pasamos al tema de la desviación de poder, ¿no?

“La Corte Suprema, en un fallo notable que ya está asentado en la jurisprudencia, que instala la doctrina de la Desviación de Poder, que es ejecutar acciones que en forma y apariencia son indiscutibles, pero se nota de manera muy evidente que el fin del acto administrativo perfecto no es el Servicio Público, la calidad o eficiencia, sino apropiarse de atribuciones que no le pertenecen con el propósito encubierto de redestinar a estos trabajadores”.

Finalmente, el trabajo jurídico y administrativo de ANFUCHID tiene que ver con una defensa integral de la Función Pública en el contexto de reestructuraciones permanentes…

“El tema de la reestructuración ha sido un tema recurrente en ANFUCHID, y no es por un tema de legalidad, ya que nosotros no somos garantes de la legalidad».

«Nuestro compromiso con el Contralor es que nosotros no estamos en contra de que el servicio tenga una estructura, pero que ésta no perjudique en los grados a los trabajadores. Además hay un perjuicio fiscal porque los casos se judicializan”.

“No vamos a cuestionar la estructura, y no pretendemos que cada vez que cambie un concepto cultural deba cambiar la ley. A nosotros nos interesa una estructura orgánica que no nos perjudique. Sería absurdo pensar que si es que el Departamento de Deporte Femenino pasa a llamarse de Género vamos a ir a la Contraloría o tribunales. Lo que si hemos dicho es que no es tolerable que las reestructuraciones se usen como excusa para despedir trabajadores”.