En la instancia, nuestra organización estuvo representada por el Presidente Regional Metropolitano de ANFUCHID, Yerko Cortés, y por nuestra asesora jurídica, Alejandra Miranda.

En su exposición, el dirigente se refirió a las denuncias realizadas por nuestro sindicato en torno a la contratación de servicios de seguridad para recintos del Estadio Nacional, a través de dos tratos directos, sucesivos, en el que cada uno significó un costo de más de 1000 UTM, contraviniendo la ley de compras públicas que exige que para ese monto o más se debe hacer a través de licitación.

Al respecto, señaló que esta contratación, además de ser completamente irregular, en época que por disposiciones sanitarias se cerraron los recintos deportivos y se instruyó austeridad fiscal, es muy curiosa en la relación monto, periodo y servicios.

“Del 23 de enero al 23 de marzo, 2 meses, se pagan 127,5 millones por el apoyo a la seguridad de un recinto, pero por un período de 9 meses y por la seguridad de 6 recintos, se pagan 107 millones, en total 234,5 millones, alrededor de 4.500 UTM sin cotización, contrato, licitación, concurso, ni nada por el estilo”.

A estos hechos, que dieron origen a una presentación en Contraloría de la República de las diputadas Marisela Santibáñez y Maya Fernández, junto al diputado Gonzalo Winter, solicitando una auditoría en el IND, se suman otros que de acuerdo a Cortés, inevitablemente hacen preguntarse “si estamos frente a nuevos actos de corrupción en el Instituto Nacional de Deportes, como los que fueron conocidos como Chilerecortes”

“Se inventan nuevas funciones para mantener en el aparato público a personas que por diversas razones son sacados del gabinete, lo que ha significado un costo extra y sin justificación de cientos de millones para el servicio. Se intenta borrar la Memoria Nacional, respecto a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas en el Estadio Nacional durante la dictadura cívico militar. Por medio de la intervención ilegal de un espacio de memoria protegido como monumento nacional. Se da curso a una remodelación de lujo de las nuevas oficinas de la ministra Cecilia Pérez, quien decidió dejar la oficina asignada en el Ministerio del Deporte, e irse a la residencia deportiva, remodelando oficinas para ella y sus asesores por más de 80 millones de pesos en plena pandemia”.

Finalmente, el Presidente Regional Metropolitano indicó que es preciso “Investigar y fiscalizar el uso de recursos y las compras, además del estado de avance de los sumarios instruidos por la autoridad respecto a este tema, varios de los cuales constituyen a nuestro juicio medidas de amedrentamiento, cuyo grado de avance desconocemos”.

A su turno nuestra asesora jurídica, Alejandra Miranda, indicó que las contrataciones cuestionadas no solo constituyen una infracción a la ley de compras públicas, sino que además fueron realizadas en plena vigencia del decreto emanado desde el Ministerio de Hacienda, referido a aplicar la máxima austeridad en las compras realizadas por los servicios públicos, con el fin de enfocar los recursos en la lucha contra la Pandemia.

Más adelante, y rememorando uno de los capítulos más oscuros y lamentables de nuestra Institución, Alejandra Miranda recordó que la génesis del escándalo del denominado “Chilerecortes”, tuvo su origen precisamente en la práctica de compras mediante trato directo, lo que tuvo las repercusiones conocidas por todos: “Por esto es precisamente que este es un tema tan sensible para ANFUCHID y todos sus socios y socias. El público no distingue entre la autoridad y los funcionarios y el daño que el escándalo generó en los trabajadores y trabajadoras del Servicio fue inconmensurable, es por eso que solicitamos a la Comisión que investigue en detalle estos hechos, que le costaron al Estado de Chile 2.500 UTM, sin licitación y sin posibilidad de auditoría por parte de la Contraloría General de la República”, cerró nuestra asesora jurídica.

Al cierre de la sesión la Presidenta de la Comisión de Deportes, diputada Marisela Santibáñez, comprometió la fiscalización de los actos denunciados por nuestra Asociación en el IND y específicamente en el Estadio Nacional.

ANFUCHID continuará recurriendo a todas las instancias que admite nuestra institucionalidad para fiscalizar y salvaguardar no sólo los recursos de todos los chilenos y chilenas, sino además la honra y buen nombre de todos quienes nos desempeñamos en el Instituto Nacional de Deportes.