En medio del escenario de pandemia por el Covid-19 que ha sacudido a nuestro país y al mundo, el debate sobre la estructura del mundo del Trabajo ha tomado inusitada relevancia. Mientras el gobierno avanza en su lamentable agenda de protección al empresariado y al capital privado, la extrema precariedad en la que vive la clase trabajadora chilena ha salido a la luz con todas sus falencias, grietas y desamparos, advertidos durante décadas desde el mundo sindical. El Sector Público, tan abusivo con los trabajadores, especialmente honorarios y contrata, como el Privado, ha ahogado a los funcionarios y funcionarias con anuncios de recortes, despidos y paralización de políticas públicas clave para garantizar los derechos de la ciudadanía, especialmente de los más vulnerables, las mujeres jefas de hogar, muchas veces sin contrato, los jóvenes, los niños dependientes de la desmantelada Educación Pública, etc.

En ese contexto, conversamos con el compañero Bernardo Tapia, del Directorio Nacional de ANEF, sobre el escenario de arena movediza en el que nos movemos en estos tiempos disparatados, inciertos y llenos de incertidumbre para todos los trabajadores y trabajadoras.

 ¿Cuál es el escenario al que se enfrentan los trabajadores públicos regidos bajo el Código del Trabajo en el contexto de esta emergencia?

“Como antecedente general, En la administración central del Estado, encontramos, distribuidos en 13 servicios y agrupados en 19 asociaciones, cerca de 17 mil funcionarios públicos que se encuentran bajo la modalidad de Código del Trabajo. Esto ha sido implementado por los sucesivos gobiernos, y constituye una precarización laboral ya que,  si bien es la Contraloría la que debe velar por el cumplimiento de la norma y los derechos laborales, el Código del Trabajo sí permite la aplicación de artículos como el 161, que corresponde a despidos por necesidades de la empresa, algo muy absurdo dentro de un sistema público”.

 “Algunas asociaciones, por cuenta propia, han logrado ir mejorando esta situación, limitando el uso del 161 a través de, por ejemplo, la elaboración de estatutos propios para sus servicios, como es el caso del Ministerio Público y la Fiscalía, que han ido cambiando en el tiempo la composición de sus estatutos. Pero de cualquier manera implica una precariedad ya que instala la figura de la flexibilidad y atenta contra la permanencia del funcionario público, se pierden los derechos. Además el no estar bajo el amparo de la ley de asociaciones, 19.296, restringe también derechos y beneficios para los funcionarios”.

“Con respecto a los últimos acontecimientos, cuando sale el dictamen de la Contraloría, aduciendo la discreción de los jefes de servicio para realizar teletrabajo y enviar a los trabajadores/as a sus hogares, se produce una separación fuerte ya que el concepto de trabajo remoto tiene tratamientos muy distintos en el Código y en el Estatuto Administrativo. A esto se suma el tema de los honorarios y contrata, que llegan a los organismos públicos a cumplir funciones específicas y se les paga por esos servicios, y si no pueden desempeñar sus labores se produce una confusión que habitualmente perjudica exclusivamente al trabajador”.

“Se ha avanzado en la tutela, en la legítima confianza, pero aún así la precariedad está cada vez más instalada, y el empleador de turno, en este caso el gobierno, tiene la facultad de mover el Estado, en un sentido político u otro, como nos ha tocado en el último tiempo”.

“Cuando sale el dictamen de la Dirección del Trabajo, específicamente en lo referido al Seguro de Cesantía, cuyo proyecto de ley está siendo discutido en el Congreso, se vuelve a sembrar la duda respecto a los Código del Trabajo en la administración pública. Los procesos que involucran a los funcionarios bajo Código son totalmente adversos a lo que debe ser la administración del Estado, que debe ser neutral, y centralizada en las necesidades de la aplicación de las políticas públicas, que se conviertan en un beneficio para los ciudadanos comunes y corrientes, y esos beneficios deben ser entregados por funcionarios públicos de Carrera, con trayectoria y no por la monedita de cambio que le tocó al gobierno de turno, eso no puede ser y se tiene que luchar contra eso. Y además una vez al año asistimos nuevamente a la injusticia contra los códigos del trabajo ya que los beneficios de las negociaciones sectoriales no llegan de igual forma o magnitud para todos. Figuras como el PMG, el reajuste, el incentivo al retiro, el financiamiento por parte del Estado no llega a todos ya que hay servicios que se han creado bajo una Ley Orgánica o un Decreto que los define como autónomos, lo que significa que deben ser autovalentes económica y administrativamente aunque dependan del gobierno central o de un Ministerio, y ahí se produce una figura bien macabra donde el funcionario es separado de sus compañeros en términos de tutela laboral, y discriminado por su régimen de contratación”