La Tutela Laboral, constituye un sentido anhelo de los funcionarios públicos, tras quedar fuera de la ley 20.087 de 2006. Esta normativa, busca proteger los derechos fundamentales de los trabajadores, cuya naturaleza no es estrictamente laboral, como son el derecho a la honra, a la privacidad o a la no discriminación, por ejemplo.
En concreto la norma incorpora a las relaciones laborales del Sector Público el procedimiento de tutela laboral, permitiéndole a los trabajadores del Estado, la defensa judicial frente a estos actos. Se incorporan a este derecho quienes laboran en la administración pública, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, empresas públicas, Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, Servel, Contraloría y Banco Central, además de municipios.
En uno de sus apartados más relevantes, la Tutela Laboral señala que, si el juez determina que un trabajador ha sido despedido de forma arbitraria, podrá exigir una indemnización y/o su reincorporación al Servicio, según sea le caso.
Para el Presidente de ANEF, José Pérez, la iniciativa constituye una nueva herramienta de acción sindical, ya que le permitirá a los funcionarios, y a las organizaciones que los representan, acceder al procedimiento de derechos fundamentales que consigna el Código del Trabajo, terminando con la discriminación: “Esto nos permite defender a los funcionarios públicos de cualquier acto que atente contra la estabilidad en el trabajo y posibles despidos arbitrarios. Tal y como hemos señalado en numerosas ocasiones, esta legislación nos permite refrendar el principio fundamental de que los trabajadores públicos servimos a la ciudadanía, y que no somos funcionarios de los gobiernos de turno”.
Para el Presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Juan Pablo Letelier, con este avance queda zanjado el debate respecto a si los funcionarios públicos tienen el mismo derecho a defensa que los trabajadores del sector privado. Según el legislador, esta ley permitirá generar un procedimiento expedito para amparar a los trabajadores en la no discriminación, el derecho a vacaciones, descanso y condiciones de trabajo. Por otra parte, esto zanja la controversia generada con el Tribunal Constitucional respecto a la materia.