Sin existir actos administrativos ni licitaciones públicas, durante 2020 la directora del Instituto Nacional de Deportes (IND), Sofía Rengifo, autorizó pagos superiores a las 4500 UTM vía trato directo a la empresa de seguridad “JCA Segurity Ltda” por el servicio de guardias en el sector del centro acuático del Estadio Nacional. El requerimiento a contraloría fue presentado por las diputadas Maya Fernández (PS) y Marisela Santibáñez (PC) junto al diputado Gonzalo Winter (CS), a raíz de la denuncia realizada por la Asociación Nacional de Funcionarios de Chiledeportes (ANFUCHID).

El 23 de enero del 2020 el IND contrató vía trato directo, a la empresa de Seguridad “JCA Segurity Ltda”, con el objeto de instalar guardias de seguridad para el centro acuático del Estadio Nacional, cuyos servicios fueron utilizados hasta el 23 de marzo del mismo año, cobrando la suma de $127.500.051.

Al no existir ningún acto administrativo ni licitación para la contratación de la empresa, en junio del 2020 la directora nacional, Sofía Rengifo, ordenó el pago de la millonaria suma a través de resolución exenta bajo el fundamento que estos servicios habían sido prestados. Además, la directora ordenó una investigación sumaria para determinar responsabilidades en dicha contratación irregular, pero a pesar de ello el IND ejecutó un segundo pago de $107.000.000 dado que la misma empresa siguió entregando servicios de seguridad en los meses siguientes. Nuevamente, estos pagos fueron realizados sin contar con licitaciones ni actos administrativos.

El Presidente Nacional de Anfuchid, Álvaro Muñoz explicó que “ante la gravedad de estos hechos, las Directivas de la Región Metropolitana y Nacional, acudieron a las diputadas para solicitar iniciar una fiscalización y denunciar ante la opinión pública, los evidentes hechos ilegales que pudieran constituir actos de corrupción, y que atentan contra la transparencia, la probidad y el buen uso de los recursos fiscales; en tiempos de crisis global donde son más necesarios que nunca”.

Al respecto la diputada Marisela Santibáñez (PC) planteó que “las irregularidades denunciadas por la asociación de funcionarios son gravísimas porque estos pagos se realizaron en los meses en que vivíamos los peores momentos de la pandemia cuando el ministerio de hacienda instruía a los carteras la máxima austeridad fiscal para concentrar recursos en salud”, dichos que fueron compartidos por la diputada Maya Fernández (PS) quien señaló:

 “Lo que los funcionarios y funcionarias de Chiledeportes denuncian son de una gravedad tal que requieren que el órgano contralor se pronuncie a la brevedad, nuestro país vive momento de mucha complejidad tanto sanitaria como económica, y no es posible que en medio esta crisis, los recursos de todos los chilenos y chilenas se despilfarren de esta manera, esto es muy grave y la Contraloría debe pronunciarse al respeto”, afirmó la parlamentaria del PS.

A su vez, el diputado Winter expresó que “en momentos de austeridad fiscal para enfrentar la pandemia, no se pueden dilapidar recursos públicos y deben ser usados con la máxima prudencia por parte de los directivos de instituciones estatales.  Esperamos que la Contraloría realice una exhaustiva investigación y determine si acá hubo irregularidades y en ese caso se apliquen las sanciones correspondientes”, declaró el Diputado de Convergencia Social.

Finalmente Álvaro Muñoz, agradeció a las diputadas y diputado atender la denuncia presentada por Anfuchid y solicitó seguir con la fiscalización en el Instituto Nacional de Deportes.