Por Eduardo Bruna, publicado en www.elagora.net. 9 de abril de 2019

El funcionamiento de la Comisión de Antidopaje es un completo desastre, a pesar de contar con 600 millones al año de presupuesto. Presidida por un tipo que no hace nada, cuenta además con un Secretario Ejecutivo que mensualmente cobra un sueldo al margen de toda legalidad. La ministra Pauline Kantor ha exhibido, hasta ahora, una alarmante desidia. Ni siquiera le llamó la atención una licitación ganada por la esposa de su ex subsecretario, Kael Becerra. Todo parece correr a favor de la lanzadora de bala, que recurrió a la vía administrativa en vez de apelar al TAS.

El caso de Natalia Duco, sancionada por tres años luego que se le comprobara la ingesta de sustancias prohibidas, no es un episodio cerrado ni mucho menos. El caso no sólo podría tener un inesperado vuelco, sino que provocar consecuencias catastróficas para el deporte chileno. Hasta podría implicar, y esto para nada es una exageración de acuerdo a los precedentes, que Chile perdiera la organización de los Juegos Panamericanos de 2023.

O que igual tuviera que realizarlos, pero sin participación nacional en el evento.

Una situación que el país ya vivió cuando, siendo ministro del Deporte el coludido del papel confort, Gabriel Ruiz Tagle, la organización de los Juegos Sudamericanos obligó a Chile a sancionar efectivamente a algunos atletas que, descubiertos con doping, o no habían recibido el castigo correspondiente o este había sido menor al que las normas exigían.

En aquella oportunidad, el país supo de un ultimátum de la organización sudamericana que no dejaba lugar a dudas ni a dilaciones: o Chile cumplía con las normas o los Juegos Sudamericanos, cuya inauguración estaba fijada para los últimos días del primer gobierno de Piñera, se hacían sin deportistas nacionales presentes en gimnasios, fosos y pistas.

Y es que, a poco más de un año de la instalación del gobierno que supuestamente traería tiempos mejores, la labor del Ministerio del Deporte, encabezado por Pauline Kantor, es más que deficiente en muchos aspectos, pero derechamente desastrosa en lo que tiene que ver con el control de dopaje y los protocolos que exige la Agencia Mundial de Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés).

Ni siquiera el hecho de que de las platas en el presupuesto anual para el ministerio uno de los mayores ítems esté precisamente dedicado al control antidopaje (casi 600 millones de pesos), ha hecho que a la titular de la cartera, Pauline Kantor, se le mueva un pelo. Al igual que su predecesora en el cargo, Natalia Riffo, nombrada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y que resultó ser un monumento a la ineptitud y a la frescura, la periodista parece no estar “ni ahí” con los temas trascendentes de su ministerio.

Preocupada de los “millenials” y su al parecer tremenda influencia política en los tiempos que corren, o en ponerse para la foto en cuanto evento irrelevante se le ponga al frente, Kantor tiene absolutamente abandonada la Comisión Nacional de Antidopaje, como cuenta un personero que, al interior del ministerio, observa con preocupación que “el caso Duco” podría estallarle en las narices en el curso de las próximas semanas.

Como a nivel gubernamental se rechazó la opción que el deporte chileno tuvo, de instalar un laboratorio de control antidopaje para el país y la región (actualmente sólo hay uno, y está en Brasil), la ministra al parecer creyó entender que al Ejecutivo el tema, como tantos otros, lo tenía sin cuidado.

Pidiendo obviamente reserva de su nombre, señaló que “la Comisión está presidida por Jorge Cancino, ex fisiólogo del Centro de Alto Rendimiento (CAR), que, nombrado en el cargo por la ministra, no sólo no ha hecho nada, sino que, cuando le preguntan por esa evidente inacción, responde con prepotencia que “a mí no me puede fiscalizar nadie”. ¿En qué mundo vive este señor? Si están siendo fiscalizados los Carabineros, las Fuerzas Armadas, las municipalidades y un largo etcétera, ¿cómo no se va a poder fiscalizar el funcionamiento de esta comisión? Se trata de dineros fiscales de los cuales obtiene su sueldo y que financian el funcionamiento de este organismo destinado a controlar el dopaje. El problema pareciera ser que él, como tantos otros al interior del ministerio, creen que pueden hacer nada, o hacer lo que quieran, en vista de la permanencia de una ministra que al parecer lo único que le motiva es cobrar tranquila un sueldo que, por supuesto, no tiene nada de reguleque”.

El mismo informante agrega que “ni siquiera están nombrados los oficiales que debieran integrar la Comisión. Y como no hay oficiales, tampoco hay reuniones. Si a alguien se le ocurriera pedir a través de Transparencia las actas de funcionamiento de la Comisión, el ministerio se vería envuelto en un tremendo problema, porque obviamente no tendrían nada que entregar. Al final, para lo único que está sirviendo actualmente la existencia de esta Comisión es para un negociado con un fuerte olor a conflicto de intereses”.

Consultado acerca de su última afirmación, señala que “Kael Becerra, ex atleta, alcanzó a estar algo así como un año como subsecretario del ministerio, es decir, como segunda autoridad después de la ministra. Muchos no entendimos su nombramiento, sobre todo luego de que quedó salpicado por algunas situaciones que al menos ponían en entredicho su llegada al servicio público. Por ejemplo, el no pago del arriendo de un gimnasio que tenía en funcionamiento en la comuna de La Reina, y el hecho de haber favorecido a su padre con algunas licitaciones para construcciones deportivas en la Región Metropolitana. Pero eso no es todo…”.

El informante anónimo asegura que hay más. Interrogado al respecto, dice: “El actual subsecretario, Andrés Otero Klein, tiene en su escritorio el resultado de una licitación que se hizo para dotar a la Comisión Antidopaje de todos los implementos necesarios para su funcionamiento. ¿Quién ganó esa licitación, con un costo de entre 40 y 45 millones para el Estado? La esposa de Kael Becerra, que era todavía el subsecretario. Si esto no es un claro conflicto de intereses, no sé a qué se le podría llamar de ese modo”.

No es el único caso oscuro que rodea a esta Comisión Antidopaje, de acuerdo con personeros del ministerio. Como Secretario Ejecutivo cobra un respetable sueldo un señor de nombre Roberto Dagnino. ¿Cuál es el problema? Que cuando a fines del primer gobierno piñerista se aprobó la ley que creaba el ministerio del Deporte, ese cuerpo legal anuló la figura del Secretario Ejecutivo para la Comisión. En otras palabras, tenemos un presidente del tema antidopaje que no hace nada, y un secretario que cobra mes a mes emolumentos fuera de toda legalidad.

Aquellos que, enterados de estas irregularidades, las han denunciado, han debido pagar un alto costo. Como Macarena Brzovic, abogada jefe de la División Jurídica del ministerio del Deporte, que agarró la hebra de la licitación que se hizo para dotar de implementación a la Comisión de Antidopaje, entre otros temas, pero que, al llevar el caso a las esferas superiores, se puso literalmente la soga al cuello: rápidamente la despidieron.

A todo esto, ¿qué dice la WADA? Con sede en Canadá para Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, las veces que ha pretendido actuar frente a las claras irregularidades que presenta el caso chileno, se ha encontrado con que tanto el ministerio como el IND, e incluso algunas voces del COCh (Comité Olímpico de Chile), se han alzado para protestar por lo que ellos consideran una “indebida intromisión”. O una derecha intervención en asuntos que atañen exclusivamente a los chilenos.

“Soberanía”, como suelen llamarla los que quieren seguir robando tranquilos.

Pero eso, según otro personero del ministerio, estaría a punto de cambiar. Dijo: “La situación es seria y por el bien del deporte nacional no podemos permanecer impávidos y de brazos cruzados. Esto es mucho más grave de lo que la gente puede creer. El propio gobierno, y su principal personero del deporte, la ministra Kantor, tampoco parecen haberle tomado el peso a la gravedad de la situación. La uruguaya María José Pesce, encargada de WADA para esta parte del continente, ya está al tanto. Por lo pronto, ya nos prometió que llevará el caso ante las esferas mundiales del organismo para señalar que varios personeros importantes del deporte chileno verían con muy buenos ojos que WADA llevara a cabo en el país una auditoría de la Comisión Antidopaje y de los procedimientos que se llevan a cabo”.

¿Por qué todo este mal funcionamiento, producto de la desidia y la ineptitud, podría permear el caso de Natalia Duco?

Como explica alguien que conoce la situación a fondo, “porque Natalia, muy acertadamente por lo demás, y de seguro por consejo de sus abogados, tipos todos de renombre internacional, desechó la idea, por ejemplo, de apelar al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo con sede en Lausana, Suiza). Ella optó por la vía administrativa para su defensa, a sabiendas que el trabajo de la Comisión Antidopaje ha sido desastroso durante todo este tiempo. Y no sólo ha sido de una ineptitud lamentable, sino que hasta se recurrió al insólito hecho de que la IAF (Federación Internacional de Atletismo), respaldara lo obrado a nivel gubernamental por nuestras autoridades, que señalaron que Natalia en su último año de carrera no había sido una atleta internacional. Eso es un completo absurdo. Sería como que la Federación de Fútbol de Chile dijera que Alexis Sánchez o Arturo Vidal no son jugadores internacionales, y que la FIFA avalara tal delirante afirmación”.

Pero el gobierno de los tiempos mejores sigue empantanado, metiendo la pata seguido a todo nivel, sobre todo en el internacional, y creyendo -seguramente con argumentos poderosos y ancestrales- que el país les pertenece y que por lo tanto pueden seguir haciendo lo que se les venga en gana.

Es la impresión que surge luego del nombramiento de Eduardo Della Maggiora como flamante CEO de la Corporación Santiago 2023, que tiene la responsabilidad de ver y ejecutar todos los aspectos organizativos de los Juegos Panamericanos de ese año, en Santiago. Nombrado por el presidente de la Corporación, Karl Samsing, según se afirma con el visto bueno de la ministra Kantor (“que llenó la Corporación con sus amigos”, según voces críticas), Della Maggiora fue contratado con un envidiable sueldo mensual, pero al margen de toda legalidad.

Razón: la Corporación, que ni siquiera tiene RUT, está todavía impedida por ley de contratar personal para su funcionamiento.

¿Pero a quién le importa? O planteado de otra forma: ¿para qué, si no, están los amigos?

Después de todo, la plata no sale de la cartera de la ministra. Mucho menos del bolsillo de Piñera.