Como ya es sabido por todos y todas, el próximo 4 de septiembre, en plebiscito con voto obligatorio, Chile tendrá la oportunidad histórica de decidir sobre su destino tras más de 200 años de prevalencia de grupos de privilegio en los espacios de toma de decisiones.

Y es que más allá del derrotero del proceso y sus avatares lo cierto es que la ciudadanía, de forma libre y soberana, entregó a una Convención Constitucional, con paridad de género en su composición y escaños reservados para los siempre postergados pueblos originarios y electa a través de un proceso eleccionario incuestionable y de altísima participación, la responsabilidad de redactar una propuesta constitucional para el Chile del siglo XXI.

¿El resultado?, un texto de 11 capítulos, 388 artículos y 57 normas transitorias para la implementación de la nueva Carta, que darán forma, esperemos, a un nuevo Chile, más justo e inclusivo.

En el artículo 1 del primer capítulo, la propuesta nos dice que Chile es un “Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico”. Recogiendo las premisas y valores que hemos construido a lo largo de nuestra historia reciente, con una ciudadanía que no sólo exige más participación, sino que además el derecho a construir un espacio inclusivo, paritario y con titularidad de derechos, superando, además, la lógica del Estado subsidiario, para avanzar hacia un modelo de sociedad solidaria y de cuidado mutuo.

En el Capítulo 2, artículo 17, la propuesta establece que “Los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes”. Y en el 18 Nº1, agrega que “Las personas naturales son titulares de derechos fundamentales”, esto representa un avance sin precedentes en nuestra historia respecto a los derechos fundamentales de las personas, especialmente, en el caso de aquellos que son más susceptibles de ser vulnerados, como son las personas con capacidades diferentes, niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos que debido a una vulneración están bajo la custodia del Estado o privados de libertad, adultos mayores, disidencias, etc. En el caso de los pueblos originarios, la propuesta establece que podrán ejercer sus derechos de forma colectiva.

En el capítulo 3, la propuesta aborda Naturaleza y Medioambiente, con especial énfasis en la condición de derecho humano fundamental del acceso al agua, el hecho de que la gestión medioambiental debe tener un componente transgeneracional, y la invariabilidad en la propiedad del Estado de Chile respecto a nuestros recursos naturales, para una explotación consciente que nos beneficie a todos.

En el capítulo 4, de Participación Democrática, se describen no sólo las instancias de participación ciudadana ya existentes, como el sufragio universal, sino que además sistemas de participación vinculante a nivel comunal, provincial y regional.

El 5 resulta especialmente relevante, al tratarse de Bueno Gobierno y Función Pública, instalando la convicción de que la probidad y la conducta intachable debe ser norma para todos los y las funcionarias públicos. Además, le da rango constitucional a la afirmación de que la corrupción es intrínsecamente contraria a la democracia y el bien común.

El 6, nos habla de la organización del Estado desde las regiones y los territorios. El 7 describe el modelo de poder Legislativo que se propone, con Cámara de Diputados y Diputadas y Cámara de las regiones, mientras que el 8 lo hace con el poder Ejecutivo. El 9 entrega los lineamientos para el Sistema de Justicia y el 10 para los órganos autónomos, como el Banco Central, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, la Agencia Nacional de Protección de Datos y la nueva Corte Constitucional, el organismo que reemplazará al Tribunal Constitucional.    

Finalmente, y como corresponde a todo ordenamiento jurídico moderno, el capítulo 11 delinea el mecanismo de reforma y reemplazo de la Constitución, estableciendo una diferencia fundamental con el texto actualmente vigente, cuyas modificaciones conllevaron un esfuerzo de décadas, y que carecía de un mecanismo revocatorio.

Como Anfuchid Nacional, nuestra postura es clara: La propuesta de la Convención Constitucional no sólo nos lleva a una sociedad más moderna, sino que además a un sistema que nos considera a todos, y es por esto que llamamos a votar Apruebo. Lea la propuesta, socialícela con sus pares, y recuerde que la única forma de no caer en el abismo de las noticias falsas y las burdas campañas de desinformación, es votar informado/a, convencido/a y consciente.