Como parte de la cobertura especial por la implementación de nuestra nueva página web, conversamos en exclusiva con la abogada de DD.HH, luchadora incansable por la verdad y la justicia y actual Diputada de la República, sobre el movimiento social y su rol histórico como engranaje de cambio, nuestro fallido modelo de desarrollo y sus potenciales fórmulas de superación.
Por Maximiliano Sepúlveda
¿Cuál es la importancia de la organización de los trabajadores como motor de cambio en la sociedad?
La organización de los trabajadores ha sido clave desde que estos se organizan a principios del siglo XX. Son las batallas de la clase obrera y la organización del campesinado las que logran que la sociedad chilena, tremendamente oligárquica y violenta, fuese más democrática e inclusiva.
Este proceso de democratización alcanza su punto culmine con el gobierno de Salvador Allende, para luego sufrir un agudo revés de contrarrevolución en el Golpe de Estado, que nos sume como país en un reducto de terror que desbarata toda la organización de los trabajadores que era el núcleo de cohesión social en nuestro país. Por eso se les destruyó y eliminó, y se asesinaron cientos de dirigentes sindicales y cientos de dirigentes campesinos, quienes fueron la población más afectada por la represión, ya que lograron articular y generar cohesión social.
Más adelante, durante el periodo de la resistencia antidictatorial, el tejido social se vuelve a agrupar en formas de organización de otro tipo, clubes deportivos en las poblaciones, comités de cesantes, ollas comunes, solidaridad de presos políticos que trabajaban en las parroquias, en la Vicaría de la Solidaridad. Lo clandestino de los partidos, etc. Se vuelve a formar un tejido social que culmina con las protestas de los ´80. Y son esas protestas convocadas por las organizaciones de trabajadores que ya se habían logrado armar son las que permiten que termine la dictadura. Esa es la importancia que ha tenido la organización de los trabajadores en la construcción no solo del cambio social sino también del tejido social de nuestro país.
¿Durante la transición la clase política se sostiene como una construcción muchas veces al margen de la ciudadanía. Ese equilibrio cambia en los últimos años cuando el movimiento social comienza nuevamente a exigir mayor participación, incluso cuestionando el paradigma de la democracia puramente representativa y empujando lógicas más participativas y directas, cuáles serían los elementos clave para que se pudiesen tornar más relevantes en la toma de decisiones?
Lo primero es hacer referencia al modelo de desarrollo que se impuso en dictadura. Un modelo de desarrollo dogmático neoliberal que significó sin duda alguna la desarticulación de la orgánica que se había armado. El movimiento popular queda al margen de la transición.
¿Esto es por diseño?
Por cierto. Los pactos de la Transición implicaban una desarticulación de la sociedad civil, a fin de evitar la crítica a lo que se estaba haciendo.
Esto tiene muchos matices ya que por cierto el modelo implicó crecimiento económico pero al mismo tiempo generó una inequidad brutal que nos tiene entre los países más desiguales del mundo, al nivel de Sudáfrica o Ruanda. Chile es un país que vive un apartheid.
Sin duda que hay un debilitamiento de la organización social también. Se han hecho todas las maniobras para que la organización sindical se debilite. Y a esto se suma el hecho de que el movimiento social es más complejo de lo que era hace 30 años atrás.
Actualmente el rasgo más característico del movimiento social actual es de una acción muy reivindicativa de lo propio, de lo sectorial. No se ve una reivindicación colectiva. No se plantea un nuevo modelo de desarrollo, una nueva institucionalidad. Por ejemplo, es imposible que eliminemos las AFP sin una nueva Constitución. El sistema nos ha impuesto la lógica de que el cambio a la Constitución es un tema abstracto, que a nosotros no nos afecta en nada, en circunstancias de que cada uno de los derechos vulnerados en este país o derechos sociales que no son considerados derechos como tales, derecho a la salud, al trabajo, a la educación, a una pensión digna y a una vivienda digna no son considerados derechos sino bienes de consumo. Todo esto está estrictamente ligado a un cambio constitucional ya que los quórum que se exigen para cambiar esto hacen imposible hacer cualquier reforma real.
El movimiento social está muy parcializado con la reivindicación de cada grupo.
Un elemento aglutinador podría ser que la gente entienda que el problema de un funcionario de la salud, por ejemplo, tiene que ver con la institucionalidad en la que vivimos, y que la brutal desigualdad lleva al endeudamiento feroz a los sectores de trabajadores y sectores medios que viven endeudados y con trabajos precarios.
Tener una enfermedad catastrófica en Chile, o perder el trabajo es una tragedia que no tiene solución hoy en día. Es una situación feroz, de una vida muy denigrada de abuso permanente, el trabajador es abusado desde que toma el Transantiago y debe esperar horas como una sardina y después de vuelta lo mismo. Además de salarios miserables, final de la vida con una pensión que es una mugre, salud pésima. Lo que tenemos claro es que a los sectores que forman el mundo popular que son todos los ciudadanos de a pie, y ahora los inmigrantes que se insertan, nunca nadie les ha regalado nada, todo se logra a través de la organización y la lucha y que el parlamento no sea el único espacio de oposición si hay un movimiento social activo que presiona.
Por último, y en una pregunta ineludible, ¿cuál es su visión la deuda del Estado en materia de DDHH.?, estamos desde hace bastante tiempo entrando en un ciclo de “impunidad biológica”, donde el paso del tiempo, las enfermedades asociadas a la vejez, la muerte, etc., van cubriendo lentamente nuestra historia reciente en un olvido forzado e irreversible.
Es una deuda feroz. Todo el movimiento de Derechos Humanos que viene trabajando desde los tiempos de la dictadura, desde hace décadas, que formamos un proyecto de Derechos Humanos con el Comité Pro Paz, después con la Vicaría y luego en los ´90, hemos vivido una decepción tras otra porque los tribunales siguieron sin hacer justicia hasta que es detenido Pinochet en Londres, y ahí quedan en evidencia los pactos tácitos de impunidad sobre los cuales se construyó la Transición. Lo traen de vuelta luego de un lobby feroz de más de un año a pesar de que había sido declarado extraditable por la Cámara de los Lores, y ahí recién hay un punto de inflexión y comienzan a investigar de verdad y a no aplicar la Amnistía. Muy de a poco. Después de 2010 se avanza un poco más.
Pero el punto es que pese a que tenemos avances y cuotas relativas de verdad y aún más relativas de justicia, -porque cuando la justicia llega después de 40 años comprenderás que es una cuota muy relativa de justicia-, la verdad de los crímenes no es una verdad social, ya que el Estado nunca ha implementado políticas públicas que apunten a una verdad social. Es una verdad de iniciados, es decir, lo saben los abogados que tramitan las causas, los jueces que las instruyen y los familiares. Está en mamotretos como el Informe Rettig y otros que nadie lee. Deberían vaciarse en contenidos para toda la población, al alcance de todo el mundo y que esté al alcance del imaginario y de los alumnos y del imaginario colectivo, y eso no ocurre.
Por otra parte las políticas publicas respecto a Memoria por parte de los últimos gobiernos han sido tremendamente deficitarias, ínfimas. Se han construido memoriales en lugares, placas, lo que más se valora es el Museo de la Memoria. Pero siendo un país que ha vivido la opresión que nosotros hemos vivido, tendríamos la obligación de implementar políticas de Memoria y contra el olvido y eso ha sido muy difícil. Y es por eso que hoy han surgido corrientes negacionistas y de apoyo a la Dictadura.