El pasado día martes 11 de noviembre, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, ingresaron una solicitud de reconsideración a la Contraloría General de la República, respecto del dictamen sobre Confianza Legítima.
Recordemos que hace unos días, la Contraloría General de la República emitió un dictamen en el que se señala que no intervendrá en la no renovación de las contratas, dejando a las y los trabajadores del Estado que se desempeñan bajo ese régimen, con la judicialización de su despido como única alternativa.
En el documento, se indica que el dictamen establece un peligroso precedente en la aplicación extensiva del Carácter Litigioso, y del “deber de la Contraloría de pronunciarse respecto de asuntos de su competencia dentro de su mandato legal y constitucional”.
Más adelante, se argumenta que: “El hecho de que un asunto sea susceptible de ser tratado en sede judicial no es fundamento para atribuir el carácter litigioso del asunto, puesto que todo asunto sometido al conocimiento de la entidad contralora es susceptible de ser judicializado”, por lo que no sería un argumento atendible para dictaminar una no intervención.
Luego, invocando el Artículo Nº3 del Código Civil, se establece que “Las sentencias judiciales sólo tienen fuerza obligatoria en los casos en los que se pronunciaron”, por lo tanto la CGR no puede argumentar que un asunto se “volvió” litigioso sólo porque la Corte Suprema haya fallado de una determinada manera, ya que la jurisprudencia puede cambiar y, para la ley, todos los casos son únicos por muy similares que sean. De hecho, los mismos tribunales han variado esta jurisprudencia a lo largo de los años, estableciendo primero dos años de Confianza Legítima, y luego cinco.
Finalmente, la solicitud de reconsideración indica que, al momento de requerir a la CGR, el/la funcionario/a desvinculado no reclama por la Confianza Legítima, sino por la ilegalidad de su despido, el que es contenido en una decisión de orden administrativo, que debe cumplir con todos los requisitos, de forma y fondo, para justificar su decisión. Es por esto que el mencionado dictamen constituye un abandono de deberes y atribuciones que la Constitución y las leyes han entregado a la Contraloría General de la República para la salvaguarda de la jurisprudencia en el Estado, además de vulnerar el criterio de progresividad y no regresión de los derechos fundamentales, consagrado en documentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por lo tanto debe reconsiderarse.
Revisa nuestro reportaje en profundidad sobre los alcances del dictamen aquí.
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