La Asociación Nacional de Funcionarios de Chiledeportes (ANFUCHID) fue una de las organizaciones que denunció ante Contraloría al Instituto Nacional de Deportes. En esta entrevista, su presidenta nacional Paula Bustamante profundiza en los informes entregados por el ente regulador, sus expectativas para el nuevo gobierno y las acusaciones de acoso laboral que, según explica, han sido la tónica de la administración de Cecilia Pérez.

Fuente: revistaobdulio.org

El 26 de enero de 2022, la Brigada Investigadora Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) se presentó en el Ministerio de Deportes. Esto luego de que en diciembre Contraloría publicara dos informes que detectaron diversas irregularidades, entre las que se encuentran la adjudicación por trato directo a la empresa de seguridad JCA Security y un pago por 166 millones a Allard Asociados SPA, estudio de arquitectura dirigido por Pablo Allard, quien entre 2010 y 2011 fue coordinador nacional de Reconstrucción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del gobierno de Sebastián Piñera.

Por otra parte, hace algunas semanas atrás, uno de los informes de Contraloría señaló la existencia de un pago improcedente por más de 200 millones de pesos en obras que se desarrollan en el Parque Deportivo Estadio Nacional. “Dicha modificación de contrato no se ajustó a las condiciones establecidas en las correspondientes bases técnicas”, dice el documento. 

La denuncia fue realizada por ANFUCHID, la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Deporte (Asofumindep), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), las diputadas Marisela Santibañez, Maya Fernandez y el diputado Gonzalo Winter.

Según explica Paula Bustamante, presidenta nacional de ANFUCHID -la organización de trabajadoras y trabajadores más grande del Instituto Nacional de Deporte, que cuenta con más de 600 socios y socias-, “estas denuncias han llegado a puerto porque precisamente ANFUCHID entendió que esto se tenía que hacer y vamos a seguir en ese camino, denunciando. Hacemos un llamado a las futuras autoridades a conocer estas denuncias, a tomar cartas en el asunto y lograr que estas investigaciones definan quiénes son las personas responsables, de tal manera que reciban las sanciones que les correspondan”.

¿En qué está hoy el proceso de las denuncias que se hicieron en Contraloría? 

Entendemos que el Instituto Nacional de Deportes (IND) debió levantar las últimas observaciones y también haber entregado esta documentación a Contraloría en lo que respecta a los dos últimos informes, que ya son definitivos. Sin embargo, quedaron cosas por aclarar. Por ejemplo, algunos sumarios que el Instituto Nacional de Deporte debió haber instruido. Contraloría dice que esto no es suficiente porque no han avanzado y le piden incorporar otras temáticas. Por otro lado, a raíz de estas investigaciones, Contraloría mandó sus hallazgos al Ministerio Público porque podrían ser sujetos de delitos. También la brigada anticorrupción de la PDI fue al Estadio Nacional a hacer indagaciones. Lo que constatamos es que los montos involucrados en estos hallazgos son muchos mayores.

¿Cómo esperan que siga el proceso?

Lo que estamos intentando es que esto se sepa y con eso lograr llegar a las nuevas autoridades y entregarles todos nuestros antecedentes, no solo lo investigado por Contraloría. Tenemos más antecedentes de otras situaciones que se han generado en el IND y nos parece que es relevante que las nuevas autoridades investiguen, ojalá antes de que se acabe la responsabilidad administrativa, de tal manera que también respondan ante la ciudadanía, ante los y las trabajadoras, y ante los organismos pertinentes. Estas irregularidades son el mayor ejemplo del abuso de poder con el que Cecilia Pérez administró el Mindep y, de esa manera, también influyó en la administración del IND.

Por lo que dice, se subentiende que hay más denuncias que no han salido a la luz.

Más que denuncias que no han salido, creo que hay denuncias que van dentro del mismo contexto del manejo del Estadio Nacional. Si bien ya tenemos la constatación de Contraloría, las responsabilidades administrativas todavía no han llegado a puerto. En específico, menciono cuando se tomaron detenidos a dos dirigentes de ANFUCHID en agosto de 2021. Estábamos haciendo una manifestación en el Estadio Nacional contra los abusos del IND. En esa ocasión no nos permitieron entrar y Felipe Soto, quien era administrador subrogante de Roberto Rojas, hizo una denuncia en Carabineros y resultó que la denuncia era falsa. Dijeron que habían agredido a los guardias de seguridad e incluso señalaron que los habían atropellado y generado lesiones. En ese momento estábamos grabando y además estaban las cámaras del estadio que demostraron que esa denuncia era absolutamente falsa. De hecho, el juez dijo claramente que aquí hubo falso testimonio. 

¿Cómo va eso en la actualidad?

Hay una responsabilidad de la autoridad por haber intentado sostener esta denuncia con hechos falsos y no haber desistido. Solicitamos los sumarios respectivos, se instruyeron, pero ahí están, no han tenido ningún avance. Creemos que hubo un intento de amedrentarnos por pedir cuentas de las denuncias que estábamos haciendo contra la ministra Cecilia Pérez y la directora del IND Sofía Rengifo. Eso tampoco ha avanzado. También hay una serie de denuncias de maltrato laboral hecha por trabajadores y trabajadoras contra autoridades o personas cercanas a la administración y que tampoco han avanzado, como la que hicieron trabajadoras del Plan Olímpico contra Marcelo Ubal, que era el coordinador. 

¿Qué pasó con él?

Antes de que terminara este sumario, él renunció y fue contratado por el Comité Olímpico de Chile (COCh), ejerciendo las mismas funciones y teniendo la misma relación con los trabajadores y trabajadoras que maltrató. El maltrato, dicho sea de paso, se comprobó en el sumario. El problema está en que, como trabajador a honorarios, no tiene responsabilidad administrativa y como no estaba en el IND, el sumario fue sobreseído a pesar de que el fiscal constató el maltrato y propuso medida de destitución. Marcelo hoy goza de protección y está totalmente impune. La ministra promovió un protocolo contra el abuso en el deporte y resulta que, en una señal totalmente contradictoria, hoy día insiste en mantener a esta persona en el COCh a pesar de estos antecedentes. Nos queda muy claro que esa política contra el abuso se aplica a todas las personas, menos a las y los trabajadores del IND y del Mindep. Acá el abuso del poder se instaló y no se ha terminado de ejercer su influencia dentro de la administración. 

Influencia que debería terminar en marzo…

Intentaron que su influencia traspasara el término de este gobierno: un ex trabajador del IND, Pedro Lira, denunció que estaban intentando modificar el estatuto de la Corporación de Santiago 2023 para mantenerse en los lugares del directorio y recibir remuneración por esto.

Esto no se hizo, finalmente.

Se suspendió y ahí quedó todo, lo que no significa que no se vaya monitoreando porque todavía lo podrían hacer. Esperamos que no, porque esto ya salió a la luz y entiendo que las nuevas autoridades, a partir de la misma entrevista que dio la futura ministra del Deporte a la radio ADN, van a estar monitoreando muy de cerca. Entendemos que esto no debiera suceder, pero, insisto, deja en evidencia que el menor interés de nuestras autoridades actuales era el desarrollo de la política deportiva. 

¿Por cuáles canales han hecho estas denuncias?

Todas las denuncias están hechas por los canales formales. También estuvimos en la Comisión de Deporte denunciando estas malas prácticas cuando se trató el amparo de la Directora Nacional del IND a abusadores dentro del servicio y que además había despedido a dos trabajadores en medio de la pandemia sin siquiera haberlas sometido a sumario administrativo. Una de ellas había hecho una denuncia de acoso laboral y terminaron despidiéndola a ella. Desde ahí se estaban dando señales claras sobre cómo venía la mano en esta administración. A esto se suma la contratación ilegal de una empresa de seguridad, a través de un trato directo, por sumas millonarias y la instalación de unas rejas que se pusieron en el sitio de memoria del Estadio Nacional que no contaban con las autorizaciones de Monumentos Nacionales.

Con todo esto, ¿cómo evalúan la administración de Cecilia Pérez?

Obviamente, estos hechos permiten concluir que no es positiva, pero no es solo esto. Nunca antes habíamos presenciado una administración más centralista y más interventora del IND que bajo la de Cecilia Pérez. Se dice que en el IND y en el Ministerio del Deporte hay dualidad de funciones, pero eso no es tal. La ley es súper clara, pues el ministerio planea la política deportiva y el IND la ejecuta. La administración de Cecilia Pérez instaló personas en el IND para que abrieran ese espacio de influencia al ministerio en vez de centrarse en la tarea que a ellos les corresponde. Además, han tomado medidas muy torpes. Por ejemplo, a nivel de las regiones existen los juegos binacionales o los juegos de integración andina. Desde un inicio, estos estaba totalmente suspendidos y de un momento para otro deciden que hay que hacerlos igual. Mandan recursos a las regiones y después los quitan: todos empiezan a funcionar, a asumir compromisos, a elaborar programaciones, a armar una competencia y de repente quitaron todos los recursos.

Alexandra Benado llegará a ser nueva ministra del Deporte. También se nombró como subsecretaria a Antonia Illanes, quien fue jefa de gabinete de Gabriel Boric cuando era diputado. Benado llega con denuncias de maltrato laboral a la cartera. ¿Cómo evalúan ustedes este arribo?

Como ANFUCHID tenemos esperanzas con las nuevas autoridades en términos de poder efectivamente desarrollar un trabajo en el cual podamos instalar las temáticas de la carrera funcionaria y temas que tienen que ver con derechos de los trabajadores y trabajadoras del IND, los que han sido absolutamente negados. El futuro presidente Boric se comprometió a viva voz en su discurso posterior a las elecciones con que todas las temáticas iban a ser conversadas y trabajadas con las personas que están involucradas y la futura ministra ha dado luces de esto. Dicho eso, quiero ser súper enfática en que como ANFUCHID, hicimos una declaración para señalar que ya hemos vivido cuatros años de acoso, de malas prácticas dentro del IND y que se han exacerbado durante estos dos últimos años con la llegada de Cecilia Pérez. El abuso de poder es tremendo. Si bien nos han permitido avanzar en algunos temas, muy poquitos, hay una concentración de poder tremenda. Y en ese sentido, es urgente que se aclaren las denuncias sobre la nueva ministra. En una entrevista, ella señala que Londres 38 ya había sacado una aclaración y ella decía que si esas cosas se habían cometido, ella no tenía ningún problema en pedir disculpas. Como ANFUCHID no nos corresponde juzgar la decisión que ha tomado el futuro presidente, pero sí nos corresponde mandar una señal muy clara de que no vamos a permitir que estas prácticas se repitan en nuestra institución y esperamos que la futura ministra tenga absolutamente claro que esto no va a poder suceder; que el abuso, acoso y maltrato laboral no van a ser parte de su administración. También esperamos que se aceleren todos los procesos administrativos que están vinculados a acoso y maltrato laboral.