Por: El Duende

Cuando ya nos habíamos olvidado del fraude en la organización de los Juegos Sudamericanos de Santiago 2014, evento en que la Contraloría objetó una suma de más de 4 mil millones de pesos, ahora nos cae este balde de agua fría: “La Fiscalía, cerró la investigación… sin determinar la existencia de algún delito.”

¿Un nuevo caso de impunidad como tantos otros?

Hago un poco de historia. Todo ocurrió cuando la contraloría encontró, en este evento deportivo, falta de respaldo en las rendiciones, intereses improcedentes por depósitos a plazo, pagos en exceso a empleados de la Corporación, gastos en viajes, etc. donde los principales responsables fueron la Directiva y administradores de la entonces Corporación Santiago 2014.

ANFUCHID, que no quería otro escándalo como el ocurrido con el vergonzoso y bullado caso “Chilerecortes”, presentó, en 2015, carta al Consejo de Defensa del Estado, quien instruyó a la Fiscalía hacerse cargo de esta tarea, nombrando al Fiscal Carlos Gajardo.

A su vez, el IND hizo la denuncia respectiva y mostró disposición para entregar toda la información necesaria que permitiera esclarecer el destino de esos dineros, reconociendo, al mismo tiempo, el dolo suscitado durante los Juegos.

La falta de Fiscalización nos ha dejado ejemplos lamentables y amargos en nuestro país, como la colusión del papel higiénico, los pollos, las farmacias, etc. Este es un caso más. Sin embargo lo más grave, es la vergonzosa resolución que emite la Fiscalía al cerrar la investigación de los Juegos Odesur 2014, sin determinar la existencia de algún delito.

Lo anterior, a mi juicio, revela la importancia de realizar en forma urgente un cambio en la estructura del Ministerio Público, en especial en la Fiscalía, pues con estas actitudes está claramente evidenciado que la corrupción en nuestro país está institucionalizada. Independiente de que esta medida afecte directamente a los trabajadores; como ciudadanos, debemos denunciar y acrecentar la campaña de sacar la corrupción del sistema jurídico, el cual, hace usufructo de la ley, en beneficio de algunos y no de todos.

Esto está relacionado con el sistema de indicadores y metas que tienen estos organismos públicos, que no están a la altura de la realidad de la administración pública y de lo que necesitan todos los chilenos.

En resumen, Santiago 2014, no sólo tuvo escasos resultados en lo deportivo, sino que además de las críticas de algunos países participantes por la mala organización, aún no queda claro qué pasó con los más de 4 mil millones de pesos que no tienen respaldo. En buenas cuentas, la pregunta es ¿qué pasó con el dinero de todos los chilenos? ¿Y qué pasó con los que usufructuaron de ese dinero?