La decisión del Ejecutivo de enviar un veto aditivo al Congreso respecto al proyecto de ley de jurisprudencia que busca incorporar a los trabajadores del Estado al amparo del artículo 485 del Código Laboral, generó indignación y críticas en el Parlamento y en el mundo de los trabajadores públicos. Este es el cuarto veto presidencial enviado desde marzo al Congreso, respecto a materias ya tramitadas en su totalidad por los legisladores, y ha sembrado la incertidumbre respecto al destino del proyecto.

Para entender el tema, es bueno explicar que la Tutela Laboral ampara los derechos de los trabajadores más allá de los límites de la mera relación laboral, por ejemplo, la libertad de expresión. Esto le permite al trabajador recurrir a la Justicia en el caso de entender que estos derechos han sido vulnerados.

Sin embargo, al igual que como ocurre con el Seguro de Cesantía, los trabajadores públicos no están amparados por el artículo 485, ya que la misma legislación indica que su régimen laboral está regulado por otra normativa.

Hasta 2013, las causas por tutela laboral para funcionarios públicos admitidas y alojadas en tribunales eran escasas (Anfuchid fue una de los primeros sindicatos de servicios públicos que acudió a esta instancia judicial). Las solicitudes eran rápidamente descartadas por las cortes con la recomendación de recurrir a la Contraloría, pero a partir de 2014, el escenario cambió. Las causas se multiplicaron llegando a la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. A partir de ese momento, comienza a desarrollarse una disputa de competencias entre estas dos últimas instancias: Mientras en diciembre de 2018, la Corte Suprema falló a favor de una funcionaria de la Municipalidad de San Miguel que alegaba haber sido despedida por “discriminación política”, el Tribunal Constitucional seguía insistiendo en que los funcionarios públicos no tienen la “facultad” de recurrir a Tribunales por Tutela. En este escenario, comienzan a desarrollarse distintas mociones parlamentarias que buscaban incorporar a los trabajadores públicos a esta herramienta de protección de sus derechos.

El 18 de agosto pasado, la tramitación se completó, y el Senado despachó la norma, la que fue recibida con satisfacción en el mundo público, y especialmente en ANEF y sus organizaciones afiliadas.

Sin embargo, el 16 de septiembre pasado, el gobierno decidió vetar la iniciativa, con la excusa de querer mejorar el proyecto. Esta acción, tardía e intempestiva, levantó las críticas de la oposición en el Parlamento, y el rechazo de los funcionarios públicos.

En primer término, se fustigó al Ejecutivo por el hecho de que esta es la cuarta vez desde marzo (inicio de la pandemia), y la tercera en menos de dos meses, que se veta un proyecto de ley cuando su tramitación ya ha terminado. Tanto diputados como senadores, acusan al gobierno de no participar en la elaboración, discusión y debate de los proyectos, para “bloquearlos” a último minuto. Esto constituye una vulneración de las reglas democráticas de deliberación, y un abuso administrativo de las potestades y “poder de veto” que el Ejecutivo tiene sobre las legislaciones.

La Presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans, señaló que: “Es insólita la decisión del Gobierno de vetar el proyecto de tutela laboral para las y los funcionarios públicos. Esta ley fue aprobada por alta mayoría en el Congreso, el Gobierno jamás presentó una alternativa y ahora nos pone en la posición de aprobar este veto bajo sus condiciones o nos podríamos quedar sin ley.  Esa es la actitud matonesca del Gobierno con un proyecto que les permite a las y los trabajadores públicos acceder al procedimiento de tutela laboral, por ende, legítima defensa ante hechos que vulneren sus derechos fundamentales.

Esta decisión profundamente antidemocrática, debe ser explicada por la ministra del Trabajo María José Zaldívar, que tiene por mandato avanzar en mas derechos para las y los trabajadores, no retroceder en ellos”.

Por otra parte, y tras rechazar el veto presidencial en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta el pasado lunes, el Senador Juan Pablo Letelier señaló que “La Comisión de Trabajo del Senado ha rechazado el veto presidencial a la ley interpretativa de Tutela Laboral que beneficia a los trabajadores del sector público y municipal. Los hemos rechazado porque debilita la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores públicos. Y no nos parece que en este tiempo de pandemia, ni en ningún otro tiempo, la única alternativa que tiene este gobierno es quitarle derechos a los trabajadores”.

En tanto, el Presidente de ANEF, José Pérez Debelli, rechazó la acción del Ejecutivo, señalando que se corre el serio riesgo de dejar en la más absoluta indefensión a los trabajadores públicos.

En síntesis, el veto presidencial, de carácter aditivo, busca que sea la Contraloría, y no la Dirección del Trabajo, el organismo que revise las causas por Tutela, aduciendo un eventual conflicto de intereses en el caso de que sean funcionarios y funcioanrias de la propia DT quienes recurran a tribunales por esta causa. Además, busca excluir a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden de la normativa, -lo que abre una compleja interrogante respecto a qué pasaría con el personal civil que se desempeña en estas instituciones-, y otra referida a los plazos.

Mientras el veto presidencial continúa su tramitación en el Parlamento, es importante permanecer atentos y alertas respecto al destino de esta iniciativa, que busca reparar una discriminación histórica hacia los trabajadores del Estado, y que se ha entrampado poniendo en riesgo la debida defensa y protección de los derechos de todos nuestros compañeros y compañeras.