Estimadas compañeras y compañeros, cumplimos con informar que, a casi un año de cumplirse el cierre del sumario que determinaba la destitución de Felipe Soto Pérez NC-00023 de 24 de octubre de 2022, Contraloría General de la República tomó Razón de ella el 10 de este mes y, por tanto, ratifica la medida disciplinaría de destitución.

Felipe Soto, encargado de seguridad del Estadio Nacional durante el gobierno anterior, fue quien en agosto de 2021 dio falso testimonio, con el propósito que dos dirigentes sindicales de Anfuchid fueran detenidos, declaración cuya falsedad quedó demostrada en diciembre del mismo año ante los tribunales de justicia, después de que el juez viera la grabación en 180° de la cámara que está instalada en el acceso Pedro de Valdivia del Estadio Nacional.

Este ex funcionario llegó meses después que Roberto Rojas, ex administrador del Estadio Nacional, quien renunció en marzo de 2022, tras la instrucción del sumario por los robos que se efectuaron de manera descarada en el Estadio Nacional el año 2021 (ambos traídos por la ex Ministra Cecilia Pérez). Situación que hoy se encuentra investigada por el Ministerio Público, en la que el IND es parte a través de abogados externos contratados con ese propósito.

Todo lo anterior, se pudo lograr gracias a que dirigentes de ANFUCHID, denunciaran con pruebas, testimonios, perseverancia y total convicción, irregularidades cometidas por ellos o las cometidas por otros propiciadas o ideadas por estas dos personas en el Estadio Nacional.

El cargo del cual fue acusado y ratificado en el proceso sumarial, es que siendo Felipe Soto el “administrador del contrato de servicio de protección y seguridad interior para el Estadio Nacional, Centro de Alto Rendimiento (CAR) y Residencia Deportiva, utilizó de manera particular una camioneta del año 2018 de propiedad de la empresa de seguridad que prestaba servicios al Estadio Nacional”, lo que entre otras faltas, significa un incumplimiento evidente al principio de Probidad Administrativa que debe regir a los funcionarios y trabajadores del Estado.

No obstante, la medida disciplinaria que se aplica, esperada por nuestro sindicato, no es consecuencia de los robos o al falso testimonio que prestó en un intento de dañar la honra y amedrentar a los dirigentes de Anfuchid, así como a sus socias y socios. Al contrario, no hay referencia alguna a estos últimos hechos, lo que resulta extremadamente preocupante. Así como igual sensación es la que nos embarga, ante la ausencia de novedades en la causa penal.

Aclarado lo anterior, este resultado no puede más que fortalecer nuestro accionar sustentado en el bien común, en la exigencia del respeto a los trabajadores y las trabajadoras del IND y, en la convicción férrea que supera cualquier intento de doblegar a nuestro sindicato y a sus dirigentes. La verdad siempre prevalece.